Una mirada desde la infraestructura

Este Objeto de Comunicación (ODC) se propone abordar el tema de la seguridad fronteriza entre México y Guatemala desde la perspectiva del Estado mexicano, mediante la exploración de la infraestructura seguritaria localizada en proximidad a la línea fronteriza. Con este fin se han cartografiado los puntos donde se encuentran los Centros de Atención Integral al Tránsito Fronterizo (CAITFS) y se han analizado su lógica territorial y desarrollo en el tiempo.   

A partir de este acercamiento, se busca resaltar dos aspectos: En primer lugar, la vinculación del desarrollo de la infraestructura seguritaria a la adopción de políticas de seguridad inscritas en una lógica geopolítica hemisférica y, en segundo lugar, la preeminencia del control del flujo de personas como elemento articulador de la política de seguridad fronteriza del Estado mexicano. 

La frontera entre México y Guatemala se extiende a lo largo de 959.9 kilómetros. De éstos 573.2 son terrestres, 81.2 corresponden al río Suchiate y 305.5 al río Usumacinta.

Lejos de ser un factor de división, la frontera articula una región, que se caracteriza por una intensa actividad económica y social.  

Particularmente en la sección occidental, las poblaciones de los municipios de Suchiate, Frontera Hidalgo, Metapa de Domínguez, Tuxtla Chico y Unión Juárez, del lado mexicano, y los municipios de Ocós, Ayutla, Malacatán y Tajumulco, del lado guatemalteco, cruzan la frontera de manera cotidiana para comprar y vender mercancías, hacer uso de servicios y visitar familiares y amistades.

Hasta 2003 existían únicamente cuatro puntos formales de cruce entre México y Guatemala: el puente internacional Rodolfo Robles y el puente internacional Luis Cabrera; el puente internacional Talismán-El Carmen y el cruce Ciudad Cuauhtémoc-La Mesilla.

A estos puntos se sumaron, a partir de 2004, los cruces Carmen Xhan-Gracias a Dios, Nuevo Orizaba-Ingenieros, el cruce fluvial Frontera Corozal-Bethel y el cruce El Ceibo.

  Pese a que los puntos de control del Estado mexicano sobre la línea fronteriza se duplicaron a partir de 2004, la seguridad en esa frontera siguió siendo laxa. Sin embargo, esto cambió de manera notoria a raíz de la adopción de una serie de políticas que evidenciaron la vinculación de la frontera México-Guatemala con las prioridades estratégicas del gobierno de Estados Unidos.

En octubre de 2007, el presidente de México, Felipe Calderón, y el presidente de Estados Unidos, George W. Bush, lanzaron la Iniciativa Mérida, un programa de asistencia financiera para apuntalar los esfuerzos del gobierno mexicano en el combate al tráfico de drogas y la violencia relacionada con el crimen organizado. Uno de los principales componentes del programa era el apoyo estadunidense para el fortalecimiento de la seguridad fronteriza entre México y Estados Unidos.

Cuatro años después, en 2011, el presidente Barack Obama y el presidente Calderón acordaron ampliar el enfoque de la iniciativa y su presupuesto; sin embargo, las nuevas prioridades del programa no se definieron sino hasta 2013, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

En su segunda fase, la Iniciativa Mérida se sustentó en cuatro pilares: combate al crimen transnacional, estado de derecho y protección de derechos humanos, construcción de comunidades resilientes y la “creación de una frontera México-Estados Unidos del siglo XXI”, lo que incluyó fortalecer el control migratorio y la seguridad en la frontera sur de México. De esta manera, la seguridad en la frontera México-Guatemala quedó concebida como una extensión de la seguridad de la frontera sur de Estados Unidos.

En junio de 2014 alcanzó su punto más alto una tendencia que había empezado a notarse desde 2012: la llegada a la frontera sur de Estados Unidos de grandes cantidades de niñas y niños no acompañados. Solamente en ese mes, el Departamento de Seguridad Nacional registró la aprehensión de 10 mil 622 menores. Para fin de año, la cifra había alcanzado los 68 mil 541 casos. 51 mil 705 de ellos provenían de Honduras, El Salvador y Guatemala.

La crisis de los menores no acompañados detonó una respuesta enérgica del gobierno de Barack Obama, quien, en el mismo mes de junio de 2014, exigió a México y los países del Triángulo Norte de Centroamérica tomar medidas inmediatas para frenar el flujo de migrantes y especialmente de niñas y niños no acompañados. El gobierno mexicano respondió a esa exigencia decretando, el 7 de julio, la creación de la Coordinación para la Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur, también conocido como Programa Frontera Sur.

Según lo establece el decreto, el Programa Frontera Sur se propone impulsar un enfoque integral para atender el fenómeno migratorio en los estados que conforman la frontera sur, dando especial importancia al respeto a los derechos humanos, el tránsito seguro de las personas migrantes y el fomento de la cohesión social.

Si bien el lenguaje que se emplea en el decreto manifiesta una preocupación por la seguridad y el bienestar de las personas migrantes, lo cierto es que, tras el anuncio de la adopción del Programa Frontera Sur, las detenciones de personas centroamericanas en condición de migración por México se incrementaron de manera notable. Esto llevó a observadores y defensores de los derechos de las personas migrantes a afirmar que el Programa Frontera Sur era, en realidad, la fachada de una política de persecución de migrantes.

El mismo día en que se publicó el decreto sobre el Programa Frontera Sur, el Diario Oficial de la Federación publicó un acuerdo para la creación en la frontera sur de centros para la coordinación de diversas autoridades con el fin de dar respuesta a la internación ilegal de personas y mercancías.

Los llamados Centros de Atención Integral al Tránsito Fronterizo debían reunir en un mismo edificio a la Secretaría de Gobernación, representada por el Instituto Nacional de Migración, la Secretaría de Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, representada por el Servicio de Administración Tributaria, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, representada por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria y la Secretaría de Salud.

El acuerdo también establece que los Centros de Atención Integral al Tránsito Fronterizo podrían constituirse en algunas de las instalaciones de las garitas que entonces ya existían en la franja fronteriza sur para la revisión de mercancías, o bien en lugares distintos. Se decidió entonces adecuar las instalaciones de las garitas ya existentes de Huixtla, Comitán-Trinitaria y Catazajá y construir instalaciones nuevas para dos centros adicionales: uno en el municipio de Palenque y otro en el municipio de Centla, Tabasco.

Aunque existían aduanas y garitas sobre la línea fronteriza, los Centros de Atención Integral al Tránsito Fronterizo se posicionaron varias decenas de kilómetros al interior del territorio nacional, creando, así, una nueva frontera de facto. Esta línea fronteriza de seguridad genera una especie de zona de amortiguamiento, al interior de la cual la vida transfronteriza discurre de manera regular. Al mismo tiempo, da lugar a una nueva línea limítrofe, cuya función es, claramente, la contención de los flujos migratorios.

Leyenda sobre el mapa interactivo habilitado: Se le invita a explorar la infraestructura de seguridad en este mapa interactivo. 

 

Fuentes:

Castañeda, Alejandra (2015). Reporte: Programa Frontera Sur o la política de persecución de migrantes en México. Observatorio de la Legislación y Política Migratoria, El Colegio de la Frontera Norte, Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México y Guatemala, Sección Mexicana (2018). Mapa “Información general de la frontera entre México y Guatemala”. Inédito.

Diario Oficial de la Federación (DOF 08/07/2014). “Decreto por el que se crea la Coordinación para la Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur”. Disponible en: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5351463&fecha=08/07/2014. Consultada el 2 de marzo de 2019.

--------------- (DOF 08/07/2014). “Acuerdo por el que se instruye la constitución de los Centros de Atención Integral al Tránsito Fronterizo (CAITF)”. Disponible en: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5351464&fecha=08/07/2014. Consultado el 2 de marzo de 2019.

--------------- (DOF 04/09/2013). “Anexos 24, 25, 26,27,28 y 29 de las reglas de carácter general en materia de comercio exterior para 2013 publicadas el 30 de agosto de 2013”. Disponible en: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5312865&fecha=04/09/2013. Consultado el 2 de marzo de 2019.

--------------- (DOF 30/08/2013). “Reglas de carácter general en materia de comercio exterior para 2013 y su anexo 10”. Disponible en: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5312408&fecha=30/08/2013. Consultado el 2 de marzo de 2019.

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Procuraduría General de la República (2016). “Comunicado 334/16: Fortalece el gobierno federal la operación de los Centros de Atención Integral al Tránsito en la Frontera Sur”. Disponible en: https://www.gob.mx/pgr/prensa/fortalece-el-gobierno-federal-la-operacion-de-los-centros-de-atencion-integral-al-transito-en-la-frontera-sur-comunicado-334-16. Consultado el 3 de marzo de 2019.

Ribando-Seelke, Clare (2018). “Mexico: Evolution of the Merida Initiative, 2007-2019”. Congressional Research Service, 7-5700, 23 de julio.

Ribando-Seelke, Clare y Kristin M. Finklea (2010). “U.S.-Mexican Security Cooperation: the Merida Initiative and Beyond”. Congressional Research Service, R41349, 29 de julio.

Stinchcomb, Dennis y Hershberg, Eric (2014). “Unaccompanied migrant children from Central America. Context, Causes and Responses”. CLALS Working Paper Series, núm. 7, Washington DC: American University.